Lundi 9 novembre 2009 1 09 /11 /Nov /2009 02:58

Réserve en danger     Reserva en emergencia


La réserve de Choré prise dans l'étau des semeurs de coca et de la politique

El Choré presionada por los cocaleros y la política

Por: Javier Mendez Vedia

 

Nadie quiere que vuelvan a la zona del trópico que comparten Santa Cruz y Cochabamba los tiempos en que bastaba que un narcotraficante señalara a una mujer para llevársela a la cama. Jorge Yale, presidente del comité cívico de Puerto Villarroel, población cochabambina situada a orillas del río Ichilo, vio muchos casos en que madres de familias empobrecidas recurrían a la prostitución. “Los maridos sabían a qué iban sus mujeres adonde los narcos”, comenta.

  Cependant, les plantations clandestines de coca ne sont que l'une des menaces planant sur la réserve forestière Choré, qui se trouve dans le département de Santa Cruz.

Puerto Villarroel est l'un des points d'entrée dans la réserve, qui fut créée en 1966 avec une superficie de plus d'un million d'hectares.

Sin embargo, las plantaciones clandestinas de coca son solamente una de las amenazas que se ciernen en la reserva forestal Choré, que está en el departamento de Santa Cruz. Puerto Villarroel es uno de los puntos de entrada a esta reserva, que nació en 1966 con una superficie de más de un millón de hectáreas.

Pour que l'on comprenne rapidement pourquoi il est important de conserver ce site, les experts de la Direction de l'Environnement et des ressources Naturelles (dimarena) de la Préfecture de Santa Cruz expliquent que l'humidité maintenue dans le sol alimente les nappes que l'on exploite ensuite dans la "zone productrice du Nord Intégré", qui produit du sucre, du soja et du riz. En plus cette forêt régule le régime des pluies et agit comme un régulateur de la force des vents qui arrivent dans la région après être passé par cxe que l'on nomme le "coude des andes". La perte de la couverture d'arbres implique que les vents seront de plus en plus ravageurs.

Para entender rápidamente por qué es importante conservar esta zona, los expertos de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Dimarena) de la Prefectura de Santa Cruz explican que la humedad que mantiene el suelo recarga los acuíferos que luego se aprovechan en la zona productora del Norte Integrado, que produce caña, soya y arroz. Además regula el régimen de lluvias y actúa como un mitigador de la fuerza de los vientos, que llegan al lugar después de pasar por el llamado Codo de Los Andes. La pérdida de la cobertura boscosa hará que los vientos sean cada vez más devastadores.

  Permettre des installations paysannes qui provoqueraient de possibles changements dans l'utilisation des sols (de l'usage forestier à d'autres ) dans le Choré serait catastrophique pour toute la région car cela affecteraitt directement l'équilibre écologique des principales zones à vocation agricole du département de Santa Cruz caar les pluies pourraient diminuer dans la région et l'humidité atmosphérique baisserait de façon sensible; la température grimperait et la vitesse des vents augmenterait, de même que la vitesse d'évaporation des sols. Cela affecterait aussi les habitants des zones urbaines de Santa Cruz et la "zone inrégrée" au nord de la ville.

Permitir asentamientos humanos que efectúen posibles Cambios de Uso de Suelo (de uso forestal a otros usos) en El Choré, sería catastrófico para toda la región, por afectar directamente al equilibrio ecológico de las principales zonas con vocación agropecuaria del Departamento de Santa Cruz, ya que las lluvias podrían disminuir en la región, y la humedad relativa del ambiente bajaría notablemente; se elevaría la temperatura y la velocidad de los vientos aumentaría, así como, la rapidez de la evaporación de la humedad de los suelos. También afectará a los habitantes de las áreas urbanas de Santa Cruz y la zona integrada del norte.


Funcionarios de Dimarena fueron a la zona para mostrar evidencias de que hay cocales nuevos. Para llegar al lugar se habilitaron dos botes de aluminio, comprados por la Central de Comunidades Indígenas del Pueblo Indígena Moxeño (Cecipim). Lo que pudo ver El Deber son algunos espacios desmontados, en pleno proceso de secado de la tierra y la madera.

 

Los cocaleros derriban los árboles (poco importa la especie y el tamaño) y esperan que la preciosa humedad del suelo se evapore; de paso, también seca la madera y luego se le prende fuego. Mientras eso sucede, los plantines crecen a unos metros del área de desmonte, protegidos en una semisombra con hojas de motacú. No hay nadie en esos espacios de menos de una hectárea. Sobre una palmera recién cortada hay una bolsa plástica con machetes, una olla, arroz y cebollas, listos para cuando los sembradores retornen.

“Lo que hacen es destruir una parte del monte para disimular y decir que es su chaco”, explica David Pérez, representante del pueblo moxeño ante la Prefectura.

 


La Prefectura ha reconocido cinco pueblos indígenas: moxeño, chiquitano, guaraní, guarayo y ayoreode.

No ha reconocido al pueblo yuracaré, porque está cerca del Gobierno, aunque sus representantes no se consideran masistas. La ventaja del pueblo yuracaré, agrupado en el Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré Moxeño (Cipym), es que ha conseguido titular su territorio; el beneficio de la Cecipim es que recibe una participación porcentual de las regalías departamentales y tiene un curul en la Asamblea Departamental. Ese curul está en manos de David Pérez.

 

Aquí, la historia empieza a complicarse. Tanto el bando “autonomista” como el bando “oficialista” formaban una sola agrupación, que era la Cipym. David Pérez integraba el mismo grupo. Algunas divergencias internas hicieron que en 2005 ocurriera una división que dio origen a la Cecipim. La organización más antigua no reconoce el liderazgo de Pérez y la Asamblea Departamental desconoce al pueblo yuracaré, aunque está en territorio cruceño.

Como consecuencia, las acusaciones entre ambos sectores son constantes y la tensión es frecuente. Los “autonomistas” acusan a los yuracarés —por estar cerca del Gobierno— de haber permitido la entrada de los colonos aglutinados en la Federación de Colonizadores de Yapacaní. El cacique yuracaré Roberto Cortez se molesta con la denuncia y dice que los “autonomistas” están llevando gente de lugares como San Marcos y otras zonas y utilizan los botes de la Prefectura para sacar madera o “cuartones”, como se los llama. “Esos cuartoneros caminan con la gente de la Prefectura. Algunos viven en Puerto Villarroel y se camuflan”, comenta.

Ramiro Galindo, dirigente del pueblo yuracaré y su principal representante en la Comunidad de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cepesc), afirma que sólo pide que se haga una investigación a fondo en la zona, puesto que los “autonomistas” están asentando personas en diferentes lugares, para hacerlas pasar como comunidades. “El que reconoce comunidades es el municipio”, asegura. “Lo que tienen son campamentos”. Y así lucen puestos como Pueblo Nuevo, donde la gente está recién llegada. Una veintena de familias quiere construir sobre el río Ibabo (afluente del Ichilo) una comunidad. Son moxeños de Trinidad que —como dice el guardia forestal Limberg Núñez, asentado en la zona— tienen necesidad de un lugar donde vivir. “Estamos empezando”, comenta. En el asentamiento hay niños y lo que reclaman los padres es apoyo para todo, porque no tienen agua potable, escuela ni campo deportivo. Todo está improvisado en el lugar. Para llegar hasta ahí se requieren más de diez horas de navegación desde Puerto Villarroel en los “peques”, pequeños motores a los que se adapta una hélice.

Ángel Sejas, presidente de la Asociación de Defensa de la Reserva del Choré, explica que recibe ayuda de algunas personas interesadas en Choré para realizar estos asentamientos, que llegan ya a la zona del Ibabo y que pretenden frenar el avance de los cocaleros. Ha visto de cerca los enfrentamientos y su gente ha expulsado varias veces a los que ingresaban en la zona. Señala directamente a integrantes del sindicato Sinaí, afiliado a la Federación de Yapacaní, como responsable de grandes chaqueos.

“Hay verdaderas avenidas en el monte”, comenta. “Hay sembradíos de coca bandiola, que es la que hay en Chapare”, asegura.

Paradójicamente, casi todos —moxeños, yuracarés, autonomistas y oficialistas— acullican, pero es la hoja yungueña, que es más pequeña y no se usa para extraer cocaína.

 

La presencia de los cultivos de coca en la reserva forestal Choré, una de las tres que tiene Santa Cruz, tensiona la relación entre colonos e indígenas. La zona, rica en especies maderables como el bibosi, ochoó y otros, está perdiendo grandes árboles para dar espacio a los cocales.

El dirigente máximo de la Federación de Yapacaní, Cirilo Sonabi, acepta que sí hay gente que ingresa, pero ninguna debe sembrar coca. “Hay ocho centrales legalmente aceptadas, y del resto no sabemos nada. A nombre de las organizaciones sociales están metiendo gente que friega el monte. No son los compañeros de los nuevos asentamientos, son otras personas que no conozco”, asegura.

La analista Nancy Tito, del Sistema Informático de Georreferenciación de la Prefectura, tiene mapas de la zona desde 2003. Estima que hay unas 200.000 hectáreas que deben ser protegidas. En su mapa hay una serie de sindicatos que en su oficina llaman “invasores”. Son más de 60 y tienen superficies asignadas desde 600 hectáreas hasta más de 50.000. Prácticamente cubren casi un 50 por ciento de la reserva. El ejecutivo de la Federación asegura que los nombres de los sindicatos que aparecen en el mapa de la Prefectura son de su federación, pero que está realizando un levantamiento con los nombres de los integrantes de cada sindicato. “Vamos a hacer un control”, dice. No tiene el número fijo de hectáreas que pertenecen a cada agrupación.

René Vargas Moreira, encargado de parcelar la zona por cuenta de la Federación, asegura que hay 75 sindicatos, agrupados en ocho centrales. “Me agarra en calzoncillos. No sé nada sobre la coca. En la Federación se han opuesto a la siembra de coca”, dice. “Hay gente que viene desde la zona de Víbora, de Abapó, de Camiri. Hay de todo”, lamenta. La intención de la Federación de Yapacaní, afirma, es apoyarse en el padrón biométrico para asignar las tierras y evitar la doble dotación. Según Sonabi, todo ingreso a la zona se hace con un proyecto de aprovechamiento agrícola que prohíbe la extracción de madera y la siembra de coca. Como antecedente, en diciembre del año pasado la Federación de Yapacaní bloqueó la carretera a Cochabamba; una de las demandas consistía en la aprobación de un cato de coca por familia. Sin embargo, Sonabi dice: “Yo conozco a mi gente. No son ellos quienes están sembrando la coca”.

Según Julio Salazar, ejecutivo de la Federación Trópico de Cochabamba, estos cultivos son ilegales y perjudican la demanda del cato de coca (sexta parte de una hectárea) que formularon en el Chapare. “Obligatoriamente tenemos que aguantar con un cato. Nosotros respetamos los parques y reservas. La prensa sabe que cuando han ingresado a sembrar sin respaldo de nadie, nuestro Gobierno los ha expulsado. Estas plantaciones son clandestinas, así que vamos a pedir que las erradiquen, porque perjudican a los productores de coca”.

El Gobierno tiene una versión también taxativa. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, sostiene: “La reserva se mantiene bajo el régimen de protección establecido por un decreto supremo. Nadie debería ingresar a la zona a sembrar”. Si la siembra de arroz, maíz, yuca o cualquier otro producto está restringida, obviamente la coca lo está. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Óscar Nina, afirma que en inmediaciones del parque Isiboro Sécure y en la reserva del Choré, se han destruido pequeñas fábricas de cocaína. “Hemos decomisado coca molida y ‘chanchitos’ o coca prensada, que se usa para fabricar cocaína”, afirma Nina, quien garantiza estar dispuesto a seguir colaborando con la Fuerza de Tarea Conjunta para erradicar la coca. En Isiboro Sécure ya hubo al menos un yuracaré muerto en los enfrentamientos contra los cocaleros clandestinos.

La solución que Almaraz sugiere pasa por crear espacios de discusión sobre el problema, que incluye también la explotación ilegal de madera.

Eso implica su despolitización, como también exige David Pérez. Incluso se dieron algunos pasos en esa dirección, como la reunión que hubo en Puerto Villarroel, hace un par de meses, entre la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT, que reemplaza a la Superintendencia Forestal), las prefecturas de Cochabamba (cuyo titular es oficialista) y Santa Cruz (claramente opositora). “Todos coincidieron en que no debía haber coca en Choré”, afirma Pérez. Pese a eso, Gonzalo Rocha, responsable de Áreas Forestales de la Prefectura cruceña, lamenta que la información sobre deforestación y desmonte que envían a la ABT no reciba respuesta. “Si quisieran proceder, mandarían a un técnico y harían decomisos. Nos dicen que no hay presupuesto. Si la ABT no actúa, está incumpliendo su tarea. Además, si alguien quema 30 hectáreas por accidente, no hay ninguna penalidad”, señala.

José Landriel, director ejecutivo de la ABT, reconoce que Puerto Villarroel es utilizado para transportar madera ilegal de los territorios asignados a la TCO (tierra comunitaria de origen) yuracaré-moxeño e incluso a la cercana TCO Yuqui CIRI. La ABT ha planteado una estrategia —afirma Landriel— con alianzas que involucran a actores sociales, gubernamentales e institucionales para disminuir la ilegalidad en la región. Así enumera estas estrategias: “A través de las Direcciones Departamentales de Santa Cruz y Cochabamba se debe establecer una estrategia de seguimiento a las autorizaciones emitidas en las TCO y circundantes; es necesario crear un sistema de información geográfica de alcance departamental para la realización de una estratificación digital de usos, poblaciones y recursos de las TCO”. Además de estos controles cruzados, hay una coincidencia entre la ABT y el planteamiento del asambleísta Pérez: se necesita una ley. Pérez quiere una ley departamental específica para Choré y Landriel un marco legal que integre bosques, suelos, agua, vida silvestre (biodiversidad, en suma), hasta ahora dispersos.

 Hay que recordar que Bolivia no tiene aún una ley que proteja su biodiversidad.

En resumen, sin ley y con tensiones políticas, Choré está en un río revuelto en el que la ganancia se la llevan cocaleros y cuartoneros.

 

En 10 años El Choré puede desaparecer. Con esta aseveración Eber  Menacho, Director de Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación cruceña, concluyó que actualmente existen consecuencias irreversibles al medio ambiente.
Por lo tanto, las acciones para ‘Salvar El Choré’ deben ser inmediatas porque la deforestación paulatina de su plantación que protegía a Santa Cruz, ha causado fuertes lluvias, vientos huracanados, sequía y otros fenómenos naturales que ahora se dan fuera de época.

 

 

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Un autre article sur la réserve du Choré:

                     Descubren plantaciones de coca en la Reserva del Choré

 

La reserva forestal Choré es ahora una nueva zona de producción cocalera. La planta de la hoja milenaria ya no es exclusiva de los Yungas paceños o del trópico cochabambino, ahora también es de cosecha cruceña.

En varios kilómetros reserva adentro, por el río Ichilo, frontera con el trópico cochabambino, se comprobó que las denuncias de organizaciones indígenas y sectores forestales son ciertas: existe un chaqueo desmedido de superficies boscosas que luego son convertidas en zonas de producción de coca.

Comunidades indígenas han expresado su temor de que el narcotráfico esté detrás de los sindicatos campesinos que han tomado ilegalmente la extensa superficie verde, y que están deforestando el lugar sin ninguna consideración. Incluso se habla de que en la zona hay sobrevuelos de helicópteros y avionetas que nadie explica y que los asocian con las actividades del narcotráfico.

De acuerdo con los dirigentes de la Central de Comunidades de Pueblos Indígenas Mojeños (Ccipim), luego que los colonos invaden y chaquean el bosque, siembran arroz, maíz, yuca y otros productos agrícolas, pero solamente lo hacen con la finalidad de camuflar la coca que siembran entremedio de esos cultivos para evitar que sea detectado.

Víctor Gonzales Guariz, président de la Ccipim, a expliqué que des indigènes de sa communauté ont découvert l'an dernier un terrain planté de riz dont la récolte n'avait pas été faite par les colons-envahisseurs car seules les interessaient les feuilles de coca qui avaient poussé en même temps que le riz.

Víctor Gonzales Guariz, presidente de la Ccipim, explicó que indígenas de su comunidad descubrieron el año pasado una superficie sembrada con arroz cuya cosecha no fue alzada por los colonos invasores, ya que solamente les interesaba la hoja de coca, cuya plantación creció con el arroz.

Según cálculos de los indígenas que viven en la zona, estiman que hay en el entorno unas 100 hectáreas de coca, distribuidas en parcelas de una, dos, tres y más hectáreas.

Sobre el particular, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, indicó que por instructiva del presidente, Evo Morales, se envió a 100 efectivos policiales para intervenir y desalojar a personas que se asentaron en la reserva, en una extensión de unas 100.000 hectáreas. “Se iniciarán acciones legales en contra de los culpables de ilícitos en Choré”, advirtió.

 

Fuente:  El Deber

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La réserve du Choré menacée par les incendies volontaires et le déboisement

Reserva del Choré amenazada por chaqueos y desmontes

 

Algunos le llaman el pulmón de Santa Cruz porque funciona como regulador climático y debido a los servicios ambientales que aporta. Es una llanura con árboles gigantes llenos de bejucos, plantas de patujú y palmeras que brindan un ambiente fresco y agradable.
También posee especies forestales de alto valor comercial, como el ochoó, verdolago, jichituriqui, yesquero y palo María. Aunque en poca cantidad, también se encuentra tajibo y mara, especies muy cotizadas para la fabricación de muebles nacionales y de exportación. Al fondo están parcelas con sembradíos de maíz, arroz y frejol. Parecen lunares dispersos por el bosque.

Es una reserva forestal ubicada a 160 kilómetros al norte de la capital cruceña, y que en su inicio tenía 900.000 hectáreas, que posteriormente fueron ampliadas en otras 180.000 ha, haciendo un total de 1.080.000 ha distribuidas entre las provincias Sara e Ichilo. Su riqueza es apta para aprovechamiento maderable.

Allí se han asentado hombres, mujeres y niños, que conforman alrededor de 600 familias albergadas en 11 sindicatos, algunas de manera permanente y otras temporal.

Es decir, que se introducen en el bosque en la época de siembra y cosecha de sus cultivos agrícolas, alterando así la capacidad de uso de suelo del bosque. Incluso algunas han creado su propia escuela para sus hijos dentro de la reserva. Ése es el caso de la comunidad Guadalupe, habitada por 82 familias, que aducen estar allí desde hace 15 años.

Una señal de que estas tierras fueron desmontadas sin ninguna planificación y que no son aptas para la práctica agrícola es que muchas resultaron anegadas por lluvias locales y por el desborde de las principales cuencas que atraviesan el lugar (Palacios, Piraí e Ichilo), ocurrida en los primeros meses de este año, según un informe levantado por un equipo de técnicos de la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Prefectura, después de un vuelo de inspección, monitoreo y relevamiento de información y comparación de imágenes satelitales. Ya ha perdido 24.754 ha de vegetación hasta 2006.

La presión humana no sólo ha amenazado de muerte a Choré, sino también ha afectado algunas concesiones forestales, como la de San Pedro y San Antonio (contrato a largo plazo), afectadas por chaqueos esporádicos y a las cuatro Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), legalmente establecidas.

Como consecuencia, se ha desatado un conflicto que mantiene actualmente enfrentados a los representantes de las ASL con los colonos. “Nosotros, que somos oriundos de este lugar, hemos respetado la reserva, haciendo aprovechamiento sostenible, respetando las normas y leyes, pero ellos vienen y avasallan y exigen derecho propietario”, dijo Guido Vaca, presidente cívico.

Volvió la época seca, precisamente este mes, y los campesinos retornaron a desmontar y quemar más superficie. “Mentira que estas tierras no sirven para cultivo; he sembrado arroz, maíz y ahora sorgo y se está dando muy bien. Anteriormente he sacado 20 chatas de maíz”, comentó uno de los colonos, sin dejar de masticar hoja de coca, la compañera inseparable de la gente que ocupa este lado de la reserva.

Otro de los rasgos dominantes entre ellos es la susceptibilidad, pues en cuanto ven un medio de comunicación se niegan a hablar; pareciera que ésa es la instrucción que reciben de sus dirigentes. Pero lo que sí están dispuestos a decir es que las leyes fueron hechas por los ‘oligarcas’ con el fin de favorecerse. Insisten en que ellos tienen derecho legítimo de asentarse en el lugar, puesto que son hijos de colonos que habitaron la zona.

Bismar Barreto es uno de los que asegura ser descendiente de colonos y dice que ése es un derecho que no se lo pueden negar. Afirma que está allí desde el 2001, aunque su esposa manifiesta que llegaron hace un año.

 Pertenece al sindicato Monterrey, que está en la concesión forestal San Pedro y ya tiene una parcela de cinco hectáreas. “Somos 35 familias que hemos pedido la reversión de la concesión San Pedro. Tenemos un proyecto que ya está en marcha”, dijo, y agregó que no pretenden destruir el bosque, sólo necesitan pequeñas parcelas para subsistir; además, añadió que ya no quedan especies de alto valor, como argumentan los concesionarios. Cuestiona por qué para los pobres se aplican las leyes y normas y no para los ricos, puesto que en su parcela no encontró ninguna especie forestal repuesta de las que fueron aprovechadas, y nadie dice nada.

Otro, que se mostró un poco más conciliador, fue Máximo, que no pudo contarnos mucho, porque inmediatamente fue advertido por sus compañeros de que no hablara con la prensa. Pese a ello, dijo que hay errores de ambos lados. Antes han aprovechado la madera de forma indiscriminada, por eso ya no quedan especies buenas. “Me considero cruceño; he venido de seis meses a este pueblo y nunca he tenido un pedazo de tierra. Queremos que nos ayuden a consolidar un proyecto que sea sostenible, no queremos enfrentamientos. Sólo necesitamos entre 10 y 15 hectáreas”, manifestó.

Chozas precarias de motacú son habilitadas improvisadamente para vivir. Adentro hay ollas viejas, catreras; pero lo que no puede faltar es el machete, y en algunas la escopeta.

La Superintendencia Forestal es consciente de esta realidad.

 Marita Ribera, directora interina de la entidad reguladora, indica que los asentamientos son ilegales y que se masificaron a partir del 2001, puesto que hasta finales de los 90 no había familias en este lugar. Pero lamentablemente sólo cuentan con dos técnicos forestales para cuidar la zona de Santa Rosa, lo que hace difícil controlar los avasallamientos. “La política de la Superintendencia es conservar el bosque; sin embargo, los asentamientos humanos son una realidad que está ahí, por lo que debemos buscar una solución, y para ello estamos trabajando con el Viceministerio de Tierras, porque nos interesa la función ambiental que cumple esta reserva y hay derechos forestales otorgados que están vigentes”, sostuvo.

Al respecto, los ejecutivos de la Cámara Boliviana Forestal consideran que estas personas no han sido desalojadas por la autoridad competente, mucho menos sancionadas por contravenciones al régimen forestal, pese a existir órdenes de desalojo e innumerables denuncias sentadas por los empresarios y agrupaciones sociales. Señalan que prueba de que las acciones tomadas por las autoridades han sido casi nulas, es que los avasalladores continúan dentro del área destruyendo el bosque. Tampoco existen sancionados, pese a que el INRA ha declarado ilegales tales asentamientos.

Consideran que los avasallamientos perjudican la actividad forestal, que ha logrado certificar 2 millones de ha, genera empleo y hace aportes al Estado.

Aspectos legales

* Fue creada bajo el Decreto Supremo 7779, el 3 de agosto de 1996.

* En 1996, se modifica el límite sud de la reserva del paralelo 17, 05 al 17,00 (80.000 hectáreas), faja que es cedida en propiedad a los campesinos para el desarrollo de actividades agropecuarias.

* Cuenta con un plan general de manejo forestal aprobado y avalado por el Estado; de acuerdo con las disposiciones del INRA y el D.S. 25839, los asentamientos y ocupaciones de hecho en tierras fiscales (reserva forestal de producción de Choré) producidas con posterioridad a octubre de 1996 son ilegales.

* La Ley Forestal 1.700 en su artículo 15 establece que tierras forestales de producción permanentes son aquéllas que por sus características poseen dicha capacidad actual o potencial de uso mayor, sean fiscales o privadas, estando entre ellas el mapa de Choré, aprobado mediante el Decreto Supremo 26075, el 16 de febrero de 2001.

* El Plan de Uso de Suelo del departamento, aprobado por el Decreto Supremo 24124 en 1995, determinó que el suelo de Choré es bosque de manejo sostenible y no así para la habilitación de tierras.

 

Fuente:  El Deber

 

 

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